Por Juan José Encarnación,
SANTO DOMINGO, RD.-
La política pública puede medirse no solamente por las grandes cifras, sino también por la manera en que una decisión del Estado cambia la vida cotidiana de las familias. En los últimos años, el Gobierno del presidente Luis Abinader ha impulsado un amplio programa de titulación que, según datos oficiales actualizados al 5 de octubre de 2026, ha entregado 173,540 títulos de propiedad desde 2020, mientras otros 156,755 se encuentran en proceso.
El título de propiedad representa mucho más que un documento. Convierte una posesión de hecho en un derecho reconocido legalmente, proporciona seguridad jurídica y fortalece el patrimonio familiar. Una familia que recibe su título puede tener mayor certeza sobre la propiedad que posee, protegerla frente a conflictos y transmitir ese patrimonio a sus hijos y descendientes con mayor seguridad. En proyectos recientes, el Gobierno también ha destacado que la titulación facilita el acceso de los beneficiarios al sistema financiero formal.
Otro beneficio importante es el potencial económico que adquiere una propiedad formalmente registrada. Un inmueble titulado puede servir, sujeto a las condiciones de las entidades financieras y a la capacidad de pago del propietario, como garantía para determinados préstamos, hipotecas o proyectos productivos. De esta manera, el terreno o la vivienda dejan de ser solamente un lugar donde vivir y pueden convertirse en una herramienta para generar oportunidades económicas y fortalecer el patrimonio familiar.
Pero el desarrollo de una comunidad no depende únicamente de tener seguridad jurídica sobre la tierra. También necesita carreteras, caminos vecinales y vías de comunicación que permitan a las personas movilizarse con mayor facilidad. Las obras viales realizadas en distintas comunidades han buscado precisamente conectar zonas rurales con centros urbanos, mercados, escuelas y hospitales. Por ejemplo, el Circuito Vial Bajo Yuna supera los 49 kilómetros y ha mejorado la conexión de comunidades del nordeste, facilitando además el intercambio comercial de productos como arroz y cacao.
Una carretera en buenas condiciones también tiene un impacto directo sobre la producción agrícola. El productor puede transportar sus cosechas con mayor rapidez y reducir los obstáculos que anteriormente podían provocar pérdidas, mayores costos de combustible y desgaste de los vehículos. Las obras viales inauguradas en lugares como Jamao al Norte, Montecristi y Barahona han sido presentadas precisamente como instrumentos para mejorar la movilidad, fortalecer la producción y acercar las comunidades a los mercados.
También existe un beneficio social que muchas veces no aparece en las estadísticas: la reducción del aislamiento de las comunidades. Una vía transitable permite que una ambulancia llegue con mayor facilidad, que un paciente pueda trasladarse a un hospital, que los estudiantes asistan a sus centros educativos y que las familias puedan comunicarse con otras poblaciones. En el caso de la carretera Enriquillo–El Higüero, por ejemplo, la Presidencia señala que la obra facilita el acceso a servicios esenciales como salud, educación y comercio.
Por eso, la comparación de las políticas públicas debe hacerse con datos, obras verificables y resultados concretos, tomando en cuenta los diferentes períodos de gobierno y las necesidades que cada administración enfrentó. Más que reducir la discusión a consignas políticas, resulta útil preguntarse qué se construyó, cuántas familias fueron beneficiadas, qué comunidades fueron conectadas y qué patrimonio quedó jurídicamente protegido. En ese sentido, los títulos de propiedad y las obras de infraestructura constituyen dos dimensiones diferentes pero complementarias: una proporciona seguridad sobre el patrimonio y la otra facilita que ese patrimonio pueda integrarse a la actividad económica y social del país..
