Por Roberto Veras
SANTO DOMINGO, RD.-
La República Dominicana ordenó la salida de su territorio de nueve diplomáticos cubanos, una medida que, de acuerdo con informaciones difundidas por medios periodísticos nacionales e internacionales, estaría relacionada con la presunta participación de estos funcionarios en actividades de inteligencia, espionaje y otras actuaciones consideradas incompatibles con sus responsabilidades diplomáticas o consulares. La decisión ha generado atención pública debido a la naturaleza de las acusaciones y al contexto en que se produce, aunque hasta el momento las autoridades dominicanas no han ofrecido públicamente todos los detalles que rodean la medida.
El hecho adquiere una particular relevancia porque la orden de salida coincidió con la presencia en territorio dominicano de la delegación cubana que participaba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Durante el desarrollo de la competencia se produjo la deserción de varios atletas cubanos, situación que llamó igualmente la atención de la opinión pública y que ha sido vinculada temporalmente con las circunstancias que posteriormente rodearon la salida de los diplomáticos.
Sin embargo, es importante establecer una diferencia entre los hechos que han sido reportados y aquellas versiones que todavía no han sido confirmadas oficialmente. Hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana no ha hecho públicas las razones específicas que llevaron a adoptar esta decisión y se ha limitado a señalar que la medida se encuentra apegada a las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, instrumento internacional que establece las normas fundamentales que rigen las relaciones entre los Estados y el ejercicio de las funciones diplomáticas.
La Convención de Viena contempla mecanismos mediante los cuales un Estado receptor puede declarar persona non grata a un funcionario diplomático, sin que necesariamente tenga que hacer públicas las razones de su decisión. Se trata de una prerrogativa reconocida dentro del derecho diplomático internacional y que permite a los gobiernos proteger sus intereses y su seguridad cuando consideran que determinadas actuaciones de representantes extranjeros no corresponden con las funciones que les fueron autorizadas.
En este caso, algunas versiones señalan que funcionarios vinculados a la representación cubana habrían realizado labores relacionadas con seguridad o inteligencia de manera voluntaria y sin contar con la anuencia de las autoridades dominicanas. No obstante, mientras esas versiones no sean acompañadas de una explicación oficial y verificable, deben ser tratadas como hipótesis y no como hechos definitivamente establecidos. La prudencia resulta fundamental cuando se trata de asuntos relacionados con relaciones internacionales, seguridad nacional y representantes diplomáticos.
La salida de los nueve funcionarios, junto con miembros de sus familias, inevitablemente introduce un elemento de tensión en las relaciones entre Santo Domingo y La Habana. Sin embargo, el Gobierno dominicano ha dejado claro que la medida no constituye una ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Esto es importante, porque una decisión dirigida contra determinados funcionarios no necesariamente significa que el Estado receptor pretenda poner fin a sus vínculos diplomáticos con el país de origen.
República Dominicana y Cuba mantienen relaciones históricas que han atravesado diferentes etapas y que han estado marcadas por vínculos políticos, económicos, culturales y humanos. Por esa razón, cualquier situación que pueda generar fricciones entre ambos gobiernos debe ser manejada con responsabilidad y por los canales diplomáticos correspondientes, evitando que las especulaciones terminen sustituyendo a la información oficial.
También corresponde esperar que las autoridades dominicanas aclaren, en la medida que las circunstancias y las normas diplomáticas se lo permitan, cuáles fueron los elementos que motivaron esta decisión. La población tiene derecho a conocer, dentro de los límites que establecen la seguridad nacional y las relaciones internacionales, por qué un grupo de funcionarios extranjeros fue obligado a abandonar el territorio nacional. Una explicación oficial contribuiría a reducir las especulaciones y permitiría comprender mejor la verdadera dimensión del incidente.
Por ahora, lo más prudente es esperar las aclaraciones correspondientes y evitar conclusiones definitivas basadas únicamente en versiones periodísticas o informaciones no confirmadas. Si las autoridades dominicanas determinaron que existían actuaciones incompatibles con las funciones diplomáticas, corresponde respetar las prerrogativas que les reconoce el derecho internacional; pero también sería conveniente que, cuando resulte posible, se conozcan las razones fundamentales de la decisión. En asuntos tan delicados como este, la transparencia, la prudencia y la diplomacia deben prevalecer para impedir que un episodio puntual termine convirtiéndose innecesariamente en una crisis mayor entre República Dominicana y Cuba.
