Por Julio César Terrero Carvajal.-
La posibilidad de imponer restricciones que limiten la libre expresión y difusión del pensamiento ha despertado una profunda preocupación en amplios sectores de la sociedad dominicana. Diversas voces consideran que algunas disposiciones del nuevo Código Penal podrían convertirse en un mecanismo que afecte uno de los derechos fundamentales consagrados por la Constitución: la libertad de expresión.
En ocasiones anteriores, cuando se debatieron iniciativas que fueron interpretadas como una amenaza para ese derecho, los sectores más vulnerables encontraron en los medios de comunicación y en la protesta pacífica las únicas herramientas para manifestar su rechazo. Gracias a la intervención del Tribunal Constitucional, muchas de esas preocupaciones fueron atendidas, evitando la aplicación de normas que se entendían contrarias al orden constitucional.
Sin embargo, el debate ha resurgido con fuerza tras la aprobación y promulgación de la Ley 74-25, que introduce un nuevo Código Penal. Para muchos analistas, la mayor inquietud no radica únicamente en la reforma penal, sino en las posibles implicaciones que esta tendría sobre el ejercicio del periodismo y la libre circulación de ideas.
El nuevo Código Penal pone fin a más de cuatro décadas de vigencia del antiguo marco legal y representa una de las reformas más esperadas en la legislación dominicana. Durante más de 22 años permaneció en discusión en el Congreso Nacional, siendo el tema del aborto y las tres causales uno de los principales obstáculos para alcanzar un consenso.
Finalmente, el proyecto logró avanzar cuando el debate sobre las tres causales quedó fuera de la discusión legislativa. Esa decisión permitió la aprobación del Código, aunque dejó abiertas otras controversias relacionadas con derechos fundamentales y garantías constitucionales que hoy vuelven a ocupar el centro del debate público.
Uno de los aspectos más cuestionados son las sanciones contempladas para determinados delitos que podrían involucrar el ejercicio periodístico y la labor de los comunicadores. Diversos sectores consideran que las penas previstas podrían generar un efecto inhibidor sobre el trabajo de la prensa y limitar el derecho de los ciudadanos a recibir información.
Las críticas también apuntan a que instituciones y organizaciones representativas de la sociedad civil aseguran no haber sido suficientemente escuchadas durante el proceso legislativo. Entre ellas se mencionan entidades vinculadas a los medios de comunicación, al ejercicio del Derecho y a otros sectores profesionales que presentaron observaciones y propuestas al Congreso Nacional.
Asimismo, organizaciones de la sociedad civil afirman haber remitido decenas de recomendaciones para mejorar el texto del Código Penal, las cuales, según denuncian, no fueron debatidas de manera amplia por los legisladores. A juicio de estos sectores, el proceso se limitó a escuchar planteamientos sin incorporar cambios sustanciales.
El debate también ha adquirido un matiz político. Algunos críticos consideran contradictorio que una reforma de esta naturaleza haya sido impulsada por un partido que se identifica con las luchas históricas por la democracia, las libertades públicas y los derechos ciudadanos. Recuerdan que la tradición democrática dominicana ha estado marcada por la defensa de la libertad de expresión frente a regímenes autoritarios.
Para muchos observadores, la democracia dominicana debe seguir fortaleciendo el equilibrio entre la protección del honor, la aplicación de la justicia y el respeto irrestricto a las libertades fundamentales. La discusión sobre el nuevo Código Penal apenas comienza, y diversos sectores insisten en que cualquier legislación debe preservar plenamente el derecho de los ciudadanos y de la prensa a expresarse libremente, como uno de los pilares esenciales del Estado democrático de derecho.
