Por Juan José Encarnación
SANTO DOMINGO, RD.-
Desde hace más de dos años he observado cómo, a través de encuestas sesgadas, informaciones fuera de contexto y la difusión constante de noticias falsas (fake news), algunos sectores intentan influir en la percepción de la ciudadanía sobre la gestión del Gobierno. La estrategia parece orientada menos a medir la opinión pública que a moldearla, con el propósito de deteriorar la imagen de la administración y, en particular, la figura del presidente Luis Abinader.
A ello se suma la existencia de numerosos adversarios que, aunque en ocasiones aparentan actuar de manera independiente, terminan coincidiendo en un mismo objetivo: desacreditar cada iniciativa gubernamental, sin importar sus resultados. Hay muchos enemigos sentados alrededor de la misma mesa, unidos por el interés de debilitar políticamente al Gobierno. Sin embargo, todavía parece faltar una comprensión más amplia de los planes y métodos que utilizan para influir en la opinión pública.
Otro aspecto que llama la atención es el intento de convertir a determinados influenciadores digitales en fuentes de autoridad política, otorgándoles una legitimidad que muchas veces no proviene del rigor de sus informaciones, sino del alcance de sus plataformas. En una época en la que las redes sociales tienen un enorme impacto, resulta indispensable que los ciudadanos aprendan a distinguir entre el análisis responsable y la propaganda disfrazada de contenido informativo.
Más allá de las campañas de descrédito, es innegable que el Gobierno ha desarrollado una amplia agenda de obras e inversiones en diferentes áreas del país. Esa realidad constituye uno de sus principales activos políticos. Si a ello se añade la unidad interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se comprende por qué la oposición enfrenta dificultades para construir una alternativa sólida. La historia política demuestra que ningún partido unido en el poder pierde unas elecciones únicamente por el ruido mediático o por campañas en las redes sociales.
También es evidente que la oposición atraviesa una etapa de fragmentación, con organizaciones divididas y liderazgos enfrentados entre sí. En esas condiciones resulta difícil articular un proyecto común capaz de convencer al electorado. Las protestas, las críticas y las cacerolas pueden expresar inconformidad, pero por sí solas no derriban gobiernos que conservan respaldo popular, estabilidad institucional y capacidad de gestión.
Finalmente, considero que uno de los mayores desafíos del Gobierno no proviene únicamente de la oposición, sino de la escasa defensa pública que realizan muchos de sus propios funcionarios. En numerosas ocasiones han dejado solo al presidente en la tarea de explicar y defender los logros de su administración. No obstante, también es cierto que hay funcionarios cuya intervención pública termina causando más perjuicios que beneficios. Por eso, la comunicación oficial debe ser estratégica, coherente y eficaz, porque en política tan importante es gobernar bien como saber comunicar lo que se hace. Ojo con eso.
