Por Roberto Veras
SANTO DOMINGO ESTE, RD.-
Acostumbrados a reunirnos varios comunicadores en la residencia de nuestro amigo y hermano Manuel Rojas, donde compartimos impresiones y debatimos sobre los principales acontecimientos de la actualidad nacional, en una de esas conversaciones se me ocurrió plantearle una pregunta que, más allá de su aparente sencillez, encierra una profunda reflexión sobre la administración de los recursos públicos: ¿por qué parece rendirle el dinero a este Gobierno para ejecutar obras de pavimentación en diferentes puntos del territorio nacional? Mi intención era conocer una respuesta objetiva, sustentada en una interpretación de la realidad administrativa del país.
Manuel Rojas no titubeó al responder. Con la seguridad de quien tiene una explicación definida sobre el tema, sostuvo que una de las razones por las que los recursos parecen alcanzar para realizar más obras es que, según su valoración, el Gobierno del presidente Luis Abinader no sobrevalúa los trabajos que ejecuta. A su juicio, cuando el presupuesto destinado a una obra se administra con mayor rigor y se evita que una parte importante del dinero termine beneficiando a intermediarios, existe la posibilidad de aprovechar mejor cada peso del contribuyente. Se trata de una afirmación que invita a examinar con detenimiento la relación entre los costos de las obras, la contratación pública y los resultados que recibe la ciudadanía.
La respuesta de nuestro amigo Manuel Rojas nos conduce a una cuestión fundamental del periodismo de análisis: el dinero público no debe medirse únicamente por la cantidad de recursos que se anuncian, sino también por las obras que se entregan, su calidad y el beneficio que producen. La pavimentación de calles y caminos constituye una necesidad para numerosas comunidades, especialmente para aquellas que durante años han reclamado mejores vías de acceso. Una calle pavimentada puede facilitar el transporte, reducir las dificultades de movilidad y contribuir a mejorar las condiciones de vida de los residentes. Sin embargo, para determinar si los recursos se utilizan adecuadamente, también es necesario conocer los presupuestos, los contratos, los plazos de ejecución y los mecanismos de supervisión.
Desde una perspectiva crítica, conviene precisar que la ausencia de sobrevaloraciones no puede darse por demostrada solamente a partir de una impresión favorable o de una conversación entre amigos. Para sostener esa conclusión con rigor periodístico, sería necesario contrastar los costos de las obras con sus características técnicas, verificar los procedimientos de contratación y examinar los informes de auditoría y fiscalización correspondientes. El análisis responsable no consiste en desacreditar una gestión ni en aplaudirla de manera automática, sino en someter sus resultados al escrutinio público. Si los datos confirman que una obra se ejecutó con un costo razonable, buena calidad y transparencia, entonces existirían elementos concretos para reconocer el aprovechamiento eficiente de los recursos.
En medio de nuestra conversación también surgió otro aspecto de interés social: la política de sustituir estufas por fogones, mencionada como una iniciativa dirigida a los sectores más vulnerables del país. Manuel Rojas considera que este tipo de medida puede beneficiar a familias que enfrentan dificultades económicas. No obstante, su impacto debe evaluarse atendiendo a las condiciones reales de los hogares, los costos que representa para el Estado y los beneficios que efectivamente reciben sus destinatarios. En cualquier programa de esta naturaleza, la prioridad debe ser que la ayuda llegue a quienes la necesitan, que su implementación sea transparente y que sus resultados puedan comprobarse más allá de los anuncios oficiales.
La reflexión también nos recuerda que la eficiencia gubernamental no depende exclusivamente de cuánto dinero se invierte, sino de cómo se planifica, se contrata, se ejecuta y se supervisa cada proyecto. Una administración responsable debe procurar que los recursos alcancen para responder a las necesidades colectivas, sin sacrificar la calidad de las obras ni la rendición de cuentas. La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto cuesta cada intervención, quiénes resultan beneficiados y qué controles se aplican para evitar irregularidades. En una democracia, la transparencia no debe interpretarse como una concesión de las autoridades, sino como una obligación inherente al manejo de los fondos públicos.
Al final, aquella pregunta formulada en la residencia de Manuel Rojas terminó convirtiéndose en una reflexión sobre la responsabilidad de gobernar y la importancia de administrar correctamente el dinero de todos. Su respuesta expresa la percepción de que la reducción de las sobrevaloraciones permitiría ejecutar más obras y ampliar los beneficios sociales; corresponde al análisis periodístico contrastar esa interpretación con evidencias verificables. Porque el verdadero éxito de una gestión pública no se determina únicamente por la cantidad de calles pavimentadas ni por los programas sociales que se anuncian, sino por la calidad de los resultados, la transparencia de los procedimientos y la capacidad de mejorar la vida de la gente. Ese es el criterio con el que los ciudadanos deben observar, valorar y fiscalizar el uso de los recursos que pertenecen a toda la sociedad.
