Por Julio César Terrero Carvajal.-
SANTO DOMINGO, RD.-
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por el presidente de la República e integrado además por los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, así como por un senador, un diputado de la oposición y otro juez de la Suprema Corte de Justicia, ha convocado finalmente el proceso de evaluación para sustituir al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a varios magistrados cuyo período constitucional venció desde el pasado mes de abril.
Esta convocatoria llega con retraso y reabre un debate que desde hace años preocupa a una parte importante de la comunidad jurídica nacional. Más allá del cumplimiento del mandato constitucional, lo que realmente está en discusión es la confianza que inspira el proceso de evaluación y selección de quienes ocuparán los más altos cargos del Poder Judicial.
Resulta lamentable que muchos abogados y juristas de reconocida trayectoria, con capacidad profesional, independencia de criterio y la solvencia moral que exige integrar las altas cortes, hayan perdido el entusiasmo de participar en estos concursos. Cada vez son más los profesionales que consideran que el esfuerzo de someterse a una evaluación carece de sentido cuando existe la percepción de que las principales decisiones ya han sido tomadas de antemano.
Por esa razón, hago un llamado, aunque reconozco que probablemente resulte infructuoso, al Consejo Nacional de la Magistratura para que procure mayor transparencia y objetividad en cada una de las etapas del proceso. La credibilidad de las instituciones depende, en gran medida, de que la ciudadanía perciba que las designaciones obedecen exclusivamente al mérito y no a intereses políticos o de otra naturaleza.
La percepción predominante entre numerosos abogados es que, tanto en la escogencia de jueces de las altas cortes como en la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral y el Defensor del Pueblo, los nombres de los favorecidos ya han sido previamente consensuados por sectores de poder político, económico e incluso por grupos con influencia social. Esa percepción debilita la confianza en las instituciones y desmotiva la participación de profesionales competentes.
Muchos participantes sostienen que durante las entrevistas existe un trato desigual. A quienes presuntamente cuentan con el respaldo necesario se les formulan preguntas sencillas y previsibles, mientras que a quienes no figuran entre los favoritos se les someten interrogantes extremadamente complejas, con el aparente propósito de hacerlos quedar mal frente a la comunidad jurídica y la opinión pública. Si esa percepción continúa, será muy difícil recuperar la credibilidad del proceso.
No es un secreto que en cada convocatoria circulan nombres de personas que supuestamente cuentan con el respaldo suficiente para ser designadas. Si esas versiones son ciertas o no, corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura demostrar, mediante actuaciones transparentes, que las decisiones finales responden exclusivamente a la capacidad, la independencia y la integridad de los aspirantes.
La historia reciente demuestra la importancia de preservar la transparencia en estos procesos. Casos ampliamente conocidos relacionados con evaluaciones de aspirantes a altas funciones judiciales han generado investigaciones y procesos penales que terminaron afectando la imagen institucional del sistema de justicia. Esas experiencias deben servir de lección para evitar que vuelvan a repetirse situaciones que pongan en duda la legitimidad de las designaciones.
En mi condición de expresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, expreso mi esperanza de que esta nueva evaluación constituya una oportunidad para fortalecer la institucionalidad. Los abogados dominicanos merecen un proceso serio, respetuoso y basado en el mérito, donde todos los participantes reciban el mismo trato y las mismas oportunidades de demostrar sus conocimientos y condiciones éticas.
Finalmente, resulta preocupante que decenas o incluso cientos de abogados inviertan tiempo, recursos y prestigio para participar en procesos que muchos consideran previamente definidos. Si el Consejo Nacional de la Magistratura desea recuperar la confianza de la comunidad jurídica, debe garantizar que cada evaluación sea auténticamente competitiva, transparente e imparcial. Solo así los mejores profesionales volverán a creer en estos concursos y la sociedad tendrá la certeza de que quienes integren las altas cortes serán seleccionados por sus méritos y no por influencias ajenas al interés nacional.
