Por Roberto Veras
SANTO DOMINGO, RD.-
Las nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno cubano llegan en un momento en que la población enfrenta una de las crisis más profundas de las últimas décadas. Muchos economistas consideran que varias de estas decisiones debieron implementarse hace más de treinta años, cuando comenzaron a evidenciarse las limitaciones de un modelo excesivamente centralizado. La pregunta que hoy se hacen millones de cubanos es si estas reformas serán suficientes para cambiar la realidad cotidiana o si terminarán siendo otro intento inconcluso.
La apertura de espacios para la iniciativa privada, la flexibilización de determinadas actividades económicas y la reducción gradual del peso del Estado en algunos sectores representan cambios importantes sobre el papel. Sin embargo, la experiencia acumulada durante años ha demostrado que anunciar medidas y ejecutarlas con eficacia son dos cosas muy diferentes. La burocracia, los controles excesivos y la lentitud administrativa han frenado en numerosas ocasiones procesos que inicialmente parecían prometedores.
Estamos ante una interrogante fundamental: ¿se trata de una reforma económica real capaz de destrabar la producción, atraer inversiones y generar empleos, o es simplemente una nueva promesa destinada a quedar atrapada entre el miedo político y la resistencia al cambio? La respuesta dependerá de la voluntad de las autoridades para permitir que las transformaciones avancen sin retrocesos ni restricciones que terminen anulando sus efectos positivos.
Para las familias cubanas, el verdadero examen de estas medidas no estará en los discursos oficiales ni en las estadísticas gubernamentales, sino en el bolsillo. Si los ciudadanos logran encontrar más alimentos, mejores servicios, mayores oportunidades de empleo y un incremento real de sus ingresos, entonces podrán percibir que algo está cambiando. De lo contrario, las reformas serán vistas como otro capítulo de expectativas incumplidas.
También existe el riesgo de que estas aperturas beneficien únicamente a quienes ya poseen recursos económicos, contactos o acceso a financiamiento. En ese escenario, las desigualdades podrían aumentar, dejando atrás a una gran parte de la población que continúa dependiendo de salarios estatales insuficientes para cubrir las necesidades básicas. Esa realidad alimenta la sensación de incertidumbre que hoy predomina en amplios sectores de la sociedad.
La clave de estas medidas parece resumirse en una expresión que cada vez se escucha con más frecuencia entre los ciudadanos: “sálvese quien pueda”. Muchos cubanos perciben que el Estado ya no está en condiciones de garantizar el nivel de protección social que prometió durante décadas y que cada familia debe encontrar sus propias estrategias para sobrevivir. Esta percepción refleja no solo dificultades económicas, sino también una profunda pérdida de confianza en la capacidad de las instituciones para resolver los problemas estructurales del país.
El futuro de Cuba dependerá de que estas medidas trasciendan los anuncios y se conviertan en cambios concretos y sostenibles. Si las reformas logran liberar las fuerzas productivas y crear un entorno favorable para el trabajo y la inversión, podrían marcar el inicio de una nueva etapa. Pero si quedan atrapadas en la burocracia, el control excesivo y el temor a perder poder político, la población volverá a enfrentarse a la misma realidad de escasez, frustración e incertidumbre que ha caracterizado los últimos años.
