Por Roberto Veras
SANTO DOMINGO, RD.-
En la República Dominicana, todos aquellos que ejercen la comunicación social, ya sea en medios tradicionales, plataformas digitales o redes sociales, tienen la responsabilidad de conocer las leyes que regulan el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información. El desconocimiento de la ley nunca ha sido una excusa válida ante los tribunales.
La Ley 61-32 y el nuevo Código Penal, aprobado mediante la Ley 74-25, han generado un amplio debate en distintos sectores nacionales. Juristas, comunicadores y organizaciones de la sociedad civil han expresado posiciones encontradas sobre el alcance de estas disposiciones y sus posibles efectos en el ejercicio periodístico.
La nueva legislación entrará en vigencia el próximo 3 de agosto de 2026 y establece un endurecimiento significativo de las sanciones por los delitos de difamación e injuria. Las penas contemplan tanto prisión como elevadas multas económicas para quienes resulten responsables de estas conductas.
Uno de los aspectos más comentados es que las disposiciones abarcan también las publicaciones realizadas a través de las redes sociales y otros medios digitales. Esto implica que comentarios, videos, transmisiones en vivo y contenidos compartidos en internet podrán ser objeto de procesos judiciales cuando vulneren el honor o la reputación de terceros.
Diversos sectores han denominado popularmente esta normativa como una nueva «ley mordaza», argumentando que podría limitar la crítica y el debate público. Otros, en cambio, sostienen que fortalece la protección de la dignidad y la integridad moral de las personas frente a los excesos y abusos que con frecuencia ocurren en el entorno digital.
Más allá de las posiciones encontradas, lo cierto es que los profesionales de la comunicación tienen el deber de informarse, estudiar la legislación vigente y ejercer su labor con responsabilidad, ética y apego a la verdad. La prudencia y la verificación de los hechos serán herramientas indispensables en esta nueva etapa jurídica.
Por ello, esperemos que, una vez la ley entre en vigor, no tengamos que escuchar a nadie alegando que desconocía sus alcances o consecuencias. El momento de prepararse es ahora, porque la responsabilidad de comunicar con libertad también implica el compromiso de respetar las normas establecidas por la sociedad.
