Por Roberto Veras
SANTO DOMINGO, RD.-
El presidente Luis Abinader expresó en su cuenta de X: “Quisimos cambiar el tema La Agenda Semanal para explicar la verdadera situación de Haití y el riesgo para nuestro país. Aunque durante nuestra administración nos ha tocado manejar sus momentos más difíciles, este no es el momento de mayor riesgo para la República Dominicana”. Sus palabras merecen una lectura detenida, porque cuando el jefe del Estado aborda una cuestión tan delicada como la crisis haitiana, no solo está informando: también está transmitiendo un mensaje sobre la seguridad nacional, la estabilidad fronteriza y la capacidad de respuesta del Gobierno.
En primer lugar, resulta importante reconocer que Haití atraviesa una crisis profunda que trasciende los límites de la política tradicional. La debilidad de sus instituciones, la violencia de las bandas armadas y las dificultades para restablecer el orden constituyen desafíos que afectan directamente a la población haitiana y generan preocupación en la República Dominicana. Sin embargo, una crisis de semejante magnitud no puede analizarse únicamente desde el temor, sino también desde la responsabilidad de comprender sus causas, sus consecuencias y los escenarios que podrían presentarse en el futuro.
La afirmación presidencial de que este no es el momento de mayor riesgo para nuestro país plantea una interrogante legítima: ¿cuáles son los indicadores que permiten sostener esa conclusión? La ciudadanía necesita conocer los elementos que sustentan esa valoración, desde la situación de la frontera y los movimientos migratorios hasta la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia. En asuntos de seguridad nacional, la tranquilidad pública no debe descansar exclusivamente en declaraciones oficiales, sino también en información verificable, explicaciones oportunas y resultados concretos.
Por otra parte, el Gobierno tiene la responsabilidad de evitar que la preocupación legítima de los dominicanos se convierta en alarma injustificada. No obstante, tampoco sería prudente minimizar los peligros potenciales que representa la prolongación del colapso institucional haitiano. Entre el alarmismo y el triunfalismo existe un espacio necesario para la evaluación objetiva de los hechos. Gobernar significa anticiparse a los acontecimientos, identificar vulnerabilidades y preparar respuestas antes de que una situación crítica obligue a actuar bajo presión.
También debemos recordar que la crisis haitiana no puede resolverse únicamente mediante el despliegue de militares, la construcción de barreras o el endurecimiento de los controles migratorios. Estas medidas pueden formar parte de una estrategia de protección territorial, pero deben acompañarse de una política exterior coherente, una diplomacia activa y una coordinación efectiva con los organismos internacionales. La República Dominicana tiene derecho a defender su soberanía, pero también necesita que la comunidad internacional asuma su cuota de responsabilidad ante una crisis que amenaza con prolongarse indefinidamente.
Otro aspecto que merece atención es la necesidad de distinguir entre la seguridad fronteriza y los problemas internos que enfrenta la sociedad dominicana. El control migratorio, la lucha contra el tráfico de personas, la vigilancia del comercio irregular y la protección de los servicios públicos requieren políticas permanentes, instituciones eficientes y mecanismos de rendición de cuentas. Ninguna declaración presidencial, por importante que sea, sustituye la obligación de presentar resultados medibles y explicar cómo se administran los recursos destinados a proteger el territorio nacional.
Asimismo, la comunicación gubernamental debe estar a la altura de la gravedad del problema. Si el presidente decidió modificar el contenido de su agenda semanal para explicar la situación haitiana, es porque considera que el tema merece una atención especial. En consecuencia, la ciudadanía tiene derecho a esperar una exposición clara de los riesgos identificados, las medidas adoptadas y los planes de contingencia previstos. La transparencia no debilita la autoridad presidencial; por el contrario, contribuye a fortalecer la confianza pública cuando las palabras están respaldadas por hechos y explicaciones consistentes.
Finalmente, la crisis haitiana exige serenidad, firmeza y visión de Estado. La República Dominicana no puede vivir permanentemente sometida al miedo, pero tampoco debe conformarse con mensajes tranquilizadores sin conocer los fundamentos que los sostienen. La verdadera fortaleza de un Gobierno se demuestra cuando es capaz de informar con claridad, actuar con previsión y proteger a su población sin recurrir a la exageración ni a la complacencia. La historia juzgará la gestión de esta crisis no solamente por lo que hayan declarado las autoridades, sino por su capacidad de preservar la seguridad nacional, defender la soberanía y contribuir a una solución regional sostenible.
