Por Julio Aníbal Suárez
Según informó oficialmente el Consejo Nacional de la Magistratura, un total de 90 personas se inscribieron como postulantes para ocupar las vacantes de la Suprema Corte de Justicia. Después de la revisión inicial de los expedientes, dos fueron excluidas, por lo que 88 continúan en el proceso y tienen por delante las distintas etapas de evaluación y selección.
Pero aquí comienza la discusión que muchos abogados deberían hacerse antes de alimentar demasiadas ilusiones: ¿cuántos de esos 88 postulantes realmente tienen posibilidades de ocupar una de las seis posiciones disponibles? La respuesta no puede analizarse solamente desde los méritos individuales, porque la Constitución establece una composición determinada para la Suprema Corte de Justicia.
El artículo 180 de la Constitución dispone que, al conformar la Suprema Corte, el Consejo Nacional de la Magistratura debe seleccionar las tres cuartas partes de sus miembros entre jueces pertenecientes al sistema de carrera judicial, mientras que la cuarta parte restante corresponde a profesionales del Derecho, académicos o miembros del Ministerio Público. La misma disposición contempla qué debe hacerse cuando se produce una vacante de un juez que pertenecía a una determinada categoría.
La Suprema Corte está integrada actualmente por 17 jueces. Eso significa que la aplicación de la regla constitucional exige que la composición del tribunal respete la proporción establecida entre la carrera judicial y los profesionales provenientes del ejercicio del Derecho, la academia o el Ministerio Público. Por eso, no basta con ser un abogado de reconocida trayectoria para concluir que existe una plaza disponible para ese sector.
Además, hay un dato que cambia sustancialmente el panorama respecto de lo que se ha venido comentando: el CNM informó el 8 de septiembre de 2026 que existen seis vacantes en la Suprema Corte. El Consejo confirmó para un nuevo período a cinco magistrados —Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico—, mientras otras posiciones quedaron disponibles para el actual proceso.
Tampoco puede pasarse por alto que en diciembre de 2025 el propio CNM designó cinco nuevos integrantes de la Suprema Corte: tres provenientes de la carrera judicial y dos abogados en ejercicio, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez, precisamente en aplicación de los criterios del artículo 180 constitucional. Por tanto, la composición actual no puede analizarse simplemente contando nombres, sino determinando la calidad con la que cada magistrado fue escogido.
De ahí que el debate sobre las aspiraciones de los abogados tenga que hacerse con mucha precisión. No sería correcto afirmar que todos los profesionales que no pertenecen a la carrera judicial están perdiendo su tiempo, porque el proceso todavía está abierto y corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura aplicar la Constitución, la ley y los criterios establecidos para la selección. Lo que sí está claro es que la competencia es considerable: de 90 postulantes iniciales, 88 permanecen en el proceso para cubrir seis vacantes.
Y aquí cabe recordar aquella vieja canción que decía: “No hay cama pa’ tanta gente”. En este caso, sin embargo, habrá que esperar a que el Consejo Nacional de la Magistratura termine de hacer sus cálculos, escuchar a los candidatos y aplicar las reglas constitucionales. Porque en la Suprema Corte puede haber muchos aspirantes, muchos currículos y muchas expectativas, pero las plazas son limitadas y la Constitución es la que finalmente determina cómo debe repartirse la cama..
