Por Roberto Veras
SANTO DOMINGO, RD.-
El comunicador Ángel Martínez se retractó este miércoles ante un tribunal de las acusaciones que había formulado públicamente contra el dirigente político y exministro de Educación Roberto Fulcar Encarnación, reconociendo que las afirmaciones realizadas en su contra eran falsas. La declaración representa un giro importante dentro del proceso judicial iniciado por Fulcar y coloca nuevamente sobre la mesa un tema de gran trascendencia para el ejercicio de la comunicación: la responsabilidad que implica hacer señalamientos públicos contra una persona, especialmente cuando se trata de imputaciones de carácter grave que pueden afectar su vida personal, familiar y profesional.
Martínez admitió ante el tribunal que sus declaraciones habían afectado el honor, la reputación y la trayectoria de Roberto Fulcar, además de causar consecuencias para sus familiares. En ese contexto, expresó su arrepentimiento y pidió perdón al exfuncionario, a su familia, a la sociedad dominicana y al tribunal. Una retractación de esta naturaleza no debe ser vista simplemente como una formalidad dentro de un proceso judicial, sino como un reconocimiento de que las palabras pronunciadas públicamente pueden tener consecuencias profundas cuando se presentan como hechos afirmaciones que posteriormente no pueden ser demostradas.
El caso también pone de manifiesto la diferencia que debe existir entre la crítica política y la acusación de hechos ilícitos. En una democracia, cualquier funcionario, dirigente político o figura pública está sometido al escrutinio de los ciudadanos y de los medios de comunicación. Es legítimo cuestionar sus decisiones, criticar su gestión, analizar sus actuaciones y expresar opiniones desfavorables. Sin embargo, una cosa es ejercer el derecho a la crítica y otra muy diferente es atribuirle a una persona la comisión de delitos o actividades ilícitas sin contar con pruebas suficientes que permitan sostener públicamente esas afirmaciones.
La abogada de Fulcar, Ingrid Hidalgo, calificó la retractación como un hecho fundamental para establecer la verdad y sostuvo que los señalamientos contra su representado habían trascendido los límites de la crítica política. Según su planteamiento, se trataba de acusaciones graves que podían afectar directamente la reputación personal y profesional del exministro. Este aspecto resulta especialmente importante en una sociedad donde las informaciones difundidas a través de los medios tradicionales y las plataformas digitales pueden alcanzar a miles de personas en cuestión de minutos y permanecer circulando durante años.
Hidalgo también afirmó que las imputaciones que vinculaban a Fulcar con actividades ilícitas carecían de fundamento y resaltó que esa falsedad terminó siendo reconocida por quien había difundido los señalamientos. Independientemente de las diferencias políticas que puedan existir, una acusación de naturaleza penal requiere algo más que comentarios, rumores, interpretaciones o percepciones personales. Requiere evidencias. Cuando una persona es presentada ante la opinión pública como responsable de hechos delictivos sin que existan elementos que sustenten esa afirmación, el daño a su reputación puede producirse mucho antes de que un tribunal tenga la oportunidad de conocer el caso.
La experiencia debe servir también como una advertencia para quienes ejercen la comunicación pública. El periodismo y la comunicación tienen como una de sus principales responsabilidades la búsqueda de la verdad, la comprobación de los hechos y la presentación equilibrada de las informaciones. La libertad de expresión constituye una conquista fundamental de cualquier sociedad democrática, pero esa libertad lleva consigo responsabilidades. No todo lo que se escucha puede convertirse automáticamente en una noticia, ni todo comentario puede ser presentado como una verdad comprobada.
En muchas ocasiones, la presión por obtener audiencia, generar controversia o convertirse en tendencia puede llevar a algunos comunicadores a cruzar una frontera peligrosa. Las acusaciones fuertes pueden producir atención inmediata, pero cuando carecen de sustento terminan debilitando la credibilidad de quien las realiza. El comunicador puede ganar unos minutos de protagonismo, pero perder algo mucho más valioso: la confianza de sus lectores, oyentes y espectadores. La credibilidad tarda años en construirse y puede desaparecer en cuestión de minutos cuando se demuestra que una información grave fue difundida sin la debida comprobación.
También debe recordarse que detrás de cada acusación existe una persona. Roberto Fulcar no es solamente un exministro o un dirigente político; es también un ser humano con familiares, amigos, compañeros de trabajo y una trayectoria construida durante años. Cuando se formula públicamente una acusación falsa, las consecuencias no necesariamente terminan con una rectificación. La información original puede haber sido compartida miles de veces, reproducida en redes sociales y comentada por personas que nunca llegarán a conocer la posterior retractación. Por eso, el daño provocado por una acusación infundada puede ser mucho mayor que el alcance de una disculpa posterior.
Este episodio igualmente debe servir para fortalecer la cultura de la prueba dentro de la comunicación dominicana. Antes de afirmar que alguien cometió un delito, el comunicador debe preguntarse cuáles son las evidencias que sustentan esa afirmación, cuál es la fuente de la información, si existen documentos que puedan ser comprobados y si la persona señalada tuvo la oportunidad de responder. La velocidad no puede estar por encima de la rigurosidad. En el ejercicio responsable de la comunicación, es preferible publicar una información después de haberla verificado que tener que retractarse posteriormente por haber difundido una acusación falsa.
La justicia, por su parte, constituye el espacio adecuado para determinar responsabilidades cuando existen controversias de esta naturaleza. Los medios de comunicación no sustituyen a los tribunales y los comunicadores no deben convertirse en jueces que condenen públicamente a una persona sin pruebas. Una acusación mediática no equivale a una sentencia y la opinión pública tampoco puede sustituir el debido proceso. Las instituciones judiciales existen precisamente para determinar, mediante procedimientos establecidos, si una persona incurrió o no en una conducta contraria a la ley.
La retractación de Ángel Martínez debe ser observada, por tanto, como una oportunidad para reflexionar sobre el poder y la responsabilidad de la palabra pública. Rectificar cuando se ha cometido un error es una decisión difícil, pero también puede representar un acto de responsabilidad. Reconocer una equivocación no borra necesariamente las consecuencias de lo ocurrido, pero sí permite establecer una posición más clara frente a la verdad y frente al derecho de cualquier persona a defender su honor y su reputación.
La gran enseñanza de este caso es sencilla y debería convertirse en una regla para todos los comunicadores: no se puede acusar a una persona de haber cometido hechos ilícitos sin tener pruebas que respalden esas acusaciones. Las diferencias políticas, las opiniones personales, las rivalidades y las críticas pueden formar parte de una democracia plural, pero ninguna de ellas justifica presentar como hechos comprobados aquello que no ha sido demostrado. Cuando se acusa sin pruebas, se puede terminar ante los tribunales y, además, se pone en juego la credibilidad profesional. La libertad de expresión debe defenderse, pero también debe ejercerse con responsabilidad, porque cuando la comunicación pierde la verdad como norte, pierde también una parte esencial de su razón de ser.
