Como se sabe, la sociedad es altamente dinamica y cuando algo no funciona conforme
con la realidad se plantean soluciones orientadas a construir nuevas figuras amigable
con la realidad, la cual ha de reflejar las aspiraciones del conglomerado social. Desde
esa perspectiva, el instrumento por excelencia para una reorientación de la buena
convivencia son las reformas como herramienta que atenuar las discrepancias sociales,
económicas, políticas, educativas, jurídicas y constitucionales.
Concebir una reforma implica modificar o cambiar un sistema, las leyes o normas en
toda su estructura para mejorar y adaptar a nuevas necesidades inherente a la dinamica
económica, políticas y legales donde ls ciudadanos sientan que están expresados. Por tal
razón, una reforma sugiere una aplicación cautelosa y gradual, cuya finalidad procura
corregir fallas sin destruir la base original o sustantiva.
Bajo el enfoque planteado, promover reformas ha de tener el propósito primordial de
corregir o modernizar un sistema, ley o institución para adaptarlo a las necesidades
existentes. Pero resulta que las reformas tienen como finalidad última solucionar
dificultades, impedir crisis futuras y favorecer a la sociedad, sin perjuicio o destrucción
del sistema predominante en su totalidad, por tanto, ha de reflejar el mayor
consentimiento posible.
A la luz de la razón, los propósitos más habituales de las reformas descansan
básicamente en el ámbito economico con el objetivo de mejorar la economía realizando
cambios para comprimir gastos públicos, mitigar la evasión de impuestos y procurar que
el Estado conserve recursos financieros para las obras y servicios esenciales. Por igual,
las reformas han de fortalecer la justicia y las leyes, implementando las normas que sean
iguales para todos, combatiendo la corrupción y estableciendo que el sistema funcione
con la mayor transparencia posible.
Hay que poner de relieve que toda reforma debe contener de manea intrínseca la
protección a los más vulnerables. Pues las reformas se conciben para socorrer a las
familias de clase media o baja, a las pequeñas y medianas empresas, proporcionando
más oportunidades y resguardándolas en momentos de vulnerabilidad y eventos de
crisis.
Una interpretación razonable de la concepción de reforma es que se trata de una
herramienta legal y sosegada cuya finalidad es actualizar las reglas del juego. Pues su
meta final es conseguir que el país avance hacia el progreso y que los ciudadanos tengan
una mejor calidad de vida, expresada en reformas educativas y de salud, que respondan
a los retos tecnológicos y sociales predominantes.
En la concepción filosófica y la doctrina económica, toda reforma ha se cimentarse en
los fundamentos y objetivos del sistema predominante, lo cual debe orientarse a
fortalecer la institucionalidad, adaptar las leyes a los estándares globales modernos y
garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero nunca suprimir las
conquistas. Vista asi las cosas, se entiende que toda reforma debe procurar mejorar el
sistema mediante un proceso de gradualidad, continuidad y racionalidad para garantizar
su efectividad.
En el contexto de lo planteado, una retrospectiva hacia las reformas en la Republica
Dominicana permite observar que la década de los noventa fue una etapa donde se
alcanzaron las reformas estructurales de mayor efectividad y que, posteriormente,
sirvieron de soporte a la dinámica económica. Pero se trata de que los entes activos
alcanzaron armonizar los propósitos de las reformas que se impulsaron, evitando la
imposición y atenuando las discrepancias con aplicación gradual.
Abrumado por la ausencia de una visión de Estado democrático de derecho, el 18 de
agosto del 2021 el presidente Abinader se dejó empujar por las emociones que da el
poder, anunciaba al país una carpeta de 12 reformas de carácter estructural, sin
embargo, ninguna expresaba un propósito viable y factible. Dentro de este paquete de
reformas estuvieron una reforma constitucional, reforma al sector eléctrico, reforma al
sector agua, reforma policial, reforma para la modernización del Estado, reforma
educativa, reforma de la salud y la seguridad social, reforma al sector transporte,
reforma para la transformación digital, reforma fiscal integral, reforma laboral, reforma
al sector hidrocarburo, reforma eléctrico y reforma al código penal.
Este paquete de reformas se ha desvanecido 5 años después ya que las mismas nunca se
inspiraron en un propósito ni en la razonabilidad. Fracasaron porque no representaron
las aspiraciones de la sociedad, no se escucharon las múltiples visiones diferente y solo
quisieron imponerlas con criterios tiránicos de la mayoría, pues en los 24 meses
restantes del periodo constitucional las posibilidades de éxitos lucen precarias y
anémicas.
