Por Roberto Veras
SANTO DOMINGO ESTE, RD.-
La República Dominicana, por su condición de país que no produce petróleo en cantidades comerciales, mantiene una elevada dependencia de los mercados internacionales para garantizar el abastecimiento de combustibles. Esta realidad representa un desafío permanente para la economía nacional, debido a que cualquier variación en los precios internacionales del crudo y sus derivados puede repercutir directamente en los costos de transporte, producción, distribución de mercancías y servicios.
Ante este escenario, el Gobierno del presidente Luis Abinader ha mantenido una política de intervención en los precios de los combustibles, mediante subsidios destinados a evitar que las fluctuaciones del mercado internacional se traduzcan inmediatamente en aumentos para los consumidores dominicanos. Se trata de una medida de protección económica que busca preservar, especialmente, la capacidad adquisitiva de los hogares de menores ingresos.
En ese contexto, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) se mantiene en RD$130.00 por galón, mientras que la gasolina regular conserva su precio vigente. Esta estabilidad resulta particularmente importante para los sectores populares, los trabajadores del transporte, los pequeños comerciantes y las familias que dependen de estos combustibles para desarrollar sus actividades cotidianas.
Desde una perspectiva macroeconómica, mantener los precios de los combustibles bajo control tiene un efecto que va más allá del ahorro directo de los consumidores. El combustible constituye un componente fundamental de la estructura de costos de prácticamente toda la economía. Cuando aumenta su precio, se encarecen el transporte de pasajeros, los alimentos, los materiales de construcción y numerosos bienes y servicios, generando presiones inflacionarias que afectan principalmente a quienes disponen de menores ingresos.
Para contribuir a que el dinero de los ciudadanos rinda más, el Gobierno ha destinado RD$1,139 millones al subsidio de los combustibles. Esta inyección de recursos representa un esfuerzo fiscal orientado a amortiguar el impacto de las alzas internacionales sobre la economía doméstica. Sin embargo, también implica un compromiso para las finanzas públicas, por lo que debe administrarse con criterios de transparencia, eficiencia y sostenibilidad presupuestaria.
Cabe destacar que aproximadamente ocho de cada diez galones de combustibles que consume el país provienen del exterior, lo que evidencia nuestra vulnerabilidad frente a las variaciones de los mercados internacionales. Esta dependencia obliga a las autoridades a mantener una política energética que combine mecanismos de estabilización de precios, diversificación de las fuentes de abastecimiento y promoción de energías alternativas.
En definitiva, la política de subsidios a los combustibles constituye un instrumento de protección social y estabilidad económica, especialmente en momentos de incertidumbre internacional. El gran desafío consiste en mantener ese equilibrio sin comprometer la salud de las finanzas públicas, procurando que los recursos del Estado lleguen a quienes verdaderamente los necesitan. Porque en una economía dependiente del petróleo importado, proteger el bolsillo de los ciudadanos también significa proteger la capacidad productiva y la estabilidad económica de toda la nación.
