Por Juan José Encarnación
SANTO DOMINGO, RD.-
En toda administración pública el endeudamiento debe evaluarse no solo por el monto de los préstamos, sino también por el destino que reciben esos recursos. Un financiamiento puede convertirse en una pesada carga para las futuras generaciones si se utiliza para gastos improductivos o para favorecer intereses particulares. En cambio, cuando esos recursos se transforman en infraestructura, salud, educación y desarrollo económico, generan beneficios que pueden perdurar durante décadas.
El gobierno del presidente Luis Abinader ha sostenido que gran parte de los recursos obtenidos mediante préstamos estuvieron dirigidos a enfrentar la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. En ese contexto, la adquisición de vacunas, el fortalecimiento del sistema de salud y las medidas para preservar el empleo y reactivar el turismo fueron presentados como prioridades para evitar un mayor impacto económico y social.
Además de la respuesta sanitaria, durante esta administración se han impulsado importantes proyectos de infraestructura. Entre ellos figuran el desarrollo turístico de Pedernales, incluyendo Cabo Rojo, con la construcción de un aeropuerto, una marina y otras obras destinadas a convertir esa zona en un nuevo polo de inversión y generación de empleos para la región sur del país.
En materia de transporte, también se ejecutan proyectos de gran magnitud como la ampliación del Metro de Santo Domingo, la Línea 2 hacia Los Alcarrizos, el Teleférico de Santiago, el Monorriel de Santiago y nuevas conexiones viales que buscan mejorar la movilidad urbana y reducir los tiempos de desplazamiento de miles de ciudadanos.
A estas iniciativas se suman obras como la Circunvalación de Baní, la Circunvalación de Azua, los trabajos en Navarrete, la reconstrucción y ampliación de importantes avenidas, así como proyectos de recuperación de espacios públicos, malecones e instalaciones deportivas en distintos municipios. Estas inversiones tienen como propósito fortalecer la competitividad del país y elevar la calidad de vida de la población.
Quienes respaldan la actual gestión consideran que existe una diferencia entre endeudarse para financiar obras públicas y hacerlo para sostener prácticas de corrupción o enriquecimiento ilícito. No obstante, cualquier comparación con administraciones anteriores requiere sustentarse en investigaciones, auditorías, sentencias judiciales u otras evidencias verificables, ya que las acusaciones de enriquecimiento indebido deben basarse en hechos demostrados y no en afirmaciones generales.
En definitiva, el verdadero juicio sobre cualquier gobierno dependerá de los resultados que produzcan las inversiones realizadas con recursos públicos. Si las obras impulsan el crecimiento económico, crean empleos, fortalecen el turismo, mejoran el transporte y elevan el bienestar de la población, será la ciudadanía y la historia quienes determinen si el endeudamiento representó una inversión responsable o una carga innecesaria para el país.
